Diferencia entre separación y divorcio

Conocer la diferencia entre separación y divorcio es importante para cualquier pareja casada que esté atravesando una crisis matrimonial. Aunque en ambos casos los cónyuges dejan de convivir, cada figura tiene efectos jurídicos distintos sobre el matrimonio, el patrimonio y la organización familiar.

El Código Civil regula las dos opciones y, desde la reforma introducida por la Ley 15/2005, ninguna de ellas exige alegar una causa concreta. Basta con que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo situaciones de riesgo para la vida, la integridad o la libertad de uno de los cónyuges o de los hijos, en las que no se exige este plazo.

La separación matrimonial es la situación en la que los cónyuges dejan de hacer vida en común sin que el matrimonio llegue a disolverse. Ambos siguen casados a efectos legales, aunque se suspenden muchas de las obligaciones propias de la convivencia.

Conviene distinguir la separación legal, que se formaliza mediante sentencia o escritura notarial, de la separación de hecho, en la que la pareja deja de convivir sin ningún trámite formal.

La separación legal suspende la vida en común y pone fin a la posibilidad de vincular los bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. También quedan revocados los consentimientos y poderes que los cónyuges se hubieran otorgado entre sí.

Si el matrimonio se rige por la sociedad de gananciales, la separación provoca su disolución y el régimen económico pasa a ser el de separación de bienes. Además, el cónyuge separado legalmente pierde sus derechos en la herencia del otro.

Sin embargo, el vínculo matrimonial se mantiene: ninguno de los cónyuges puede volver a casarse.

El divorcio es la disolución definitiva del matrimonio. A diferencia de la separación, pone fin al vínculo matrimonial y ambas personas quedan libres para contraer, si lo desean, un nuevo matrimonio.

No es necesario haber estado separado previamente para divorciarse. La ley permite solicitar el divorcio directamente, ya sea de mutuo acuerdo o de forma contenciosa.

El divorcio produce los mismos efectos que la separación en cuanto al régimen económico, la revocación de poderes y la pérdida de los derechos sucesorios, pero añade la extinción del matrimonio.

Esto significa que una posterior reconciliación no tiene efectos legales. Si los excónyuges desean volver a estar casados, tendrán que celebrar un nuevo matrimonio.

Ambas figuras comparten muchos efectos prácticos, pero existen diferencias que conviene valorar antes de decidir.

La diferencia fundamental es que la separación suspende la convivencia, mientras que el divorcio disuelve el matrimonio. Los separados siguen casados y no pueden contraer nuevo matrimonio; los divorciados, sí.

Además, la separación puede revertirse mediante la reconciliación, mientras que el divorcio es definitivo. Quien está separado puede pedir más adelante el divorcio sin necesidad de esperar un plazo adicional.

En el plano económico, las diferencias son menores. Tanto la separación como el divorcio disuelven la sociedad de gananciales y permiten liquidar el patrimonio común, y en ambos casos puede reconocerse una pensión compensatoria al cónyuge que sufra un desequilibrio económico.

En cuanto a la pensión de viudedad, la normativa de Seguridad Social la reconoce, con carácter general, a las personas separadas o divorciadas que perciban pensión compensatoria y cumplan los demás requisitos legales.

Respecto a los hijos, no existen diferencias. En ambos supuestos deben regularse la guarda y custodia, el régimen de visitas, la pensión de alimentos y la atribución del uso de la vivienda familiar.

La patria potestad corresponde normalmente a ambos progenitores, y todas las medidas deben adoptarse atendiendo siempre al interés superior de los menores.

Aunque el divorcio es hoy la opción más frecuente, la separación puede resultar adecuada en determinadas circunstancias.

La separación y el divorcio siguen procedimientos muy similares. Cuando existe acuerdo, los cónyuges presentan una demanda conjunta acompañada de un convenio regulador en el que se recogen todas las medidas personales y económicas.

Si no hay hijos menores no emancipados ni hijos mayores con medidas de apoyo, el mutuo acuerdo puede formalizarse también ante notario o ante el letrado de la Administración de Justicia, con la asistencia de abogado.

Cuando no hay acuerdo, el procedimiento es contencioso. Uno de los cónyuges presenta la demanda y es el juez quien decide sobre las medidas, que pueden adoptarse de forma provisional mientras se resuelve el proceso.

Elegir entre separación y divorcio, y acordar las medidas sobre los hijos y el patrimonio, son decisiones con consecuencias a largo plazo.

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