Qué hace el administrador concursal

Cuando una empresa o una persona entra en concurso de acreedores, el procedimiento requiere una figura capaz de analizar su situación económica, ordenar la información patrimonial y actuar bajo la supervisión del juzgado. Esa función corresponde, en buena medida, al administrador concursal, cuyo trabajo puede resultar determinante para conocer el alcance real de la insolvencia y desarrollar correctamente las distintas fases del concurso.

Es importante conocer las funciones del administrador concursal y las soluciones que puede ofrecer tanto a la empresa como a los acreedores.

El administrador concursal es el profesional o persona jurídica que interviene en un procedimiento concursal para desempeñar las funciones que le atribuye la legislación y las que, dentro del ámbito de sus competencias, pueda encomendarle el juez del concurso.

La regla general prevista en el Texto Refundido de la Ley Concursal es que la administración concursal esté formada por un único miembro, que puede ser una persona natural o jurídica. Excepcionalmente, cuando exista una causa de interés público, puede nombrarse como segundo administrador concursal a una Administración pública acreedora o a determinadas entidades de derecho público.

Su posición requiere independencia respecto de las partes implicadas. Además, desempeña su labor sometido a la supervisión del juez del concurso y debe actuar con la diligencia de un ordenado administrador y de un leal representante.

Las funciones del administrador concursal dependen de la fase en la que se encuentre el procedimiento y de las facultades que conserve el deudor después de la declaración del concurso. Su actividad combina tareas jurídicas, económicas, contables y patrimoniales que permiten disponer de una imagen suficientemente precisa de la situación existente.

El sistema de acceso a la administración concursal se encuentra sujeto a un régimen normativo especialmente técnico. El Texto Refundido de la Ley Concursal prevé la inscripción en la sección correspondiente del Registro Público Concursal y un sistema basado en requisitos de titulación, aptitud y experiencia que debe desarrollarse mediante el Reglamento de la administración concursal.

Sin embargo, mientras ese desarrollo reglamentario no se produzca completamente, la Ley 16/2022 mantiene un régimen transitorio para el acceso a la actividad, el nombramiento y determinadas cuestiones relacionadas con la retribución.

Esta situación hace especialmente importante comprobar la normativa aplicable en el momento concreto del nombramiento.

La naturaleza de las funciones encomendadas exige conocimientos jurídicos y económicos suficientes para interpretar correctamente la documentación del concursado y actuar dentro de un procedimiento sometido a numerosas reglas y plazos.

Dentro del régimen transitorio actualmente aplicable, pueden acceder profesionales con perfiles jurídicos o económicos que reúnan las condiciones legalmente exigidas.

Entre ellos se encuentran los abogados en ejercicio con al menos cinco años de experiencia profesional efectiva y formación especializada en Derecho Concursal. También pueden ejercer economistas, titulados mercantiles y auditores de cuentas con cinco años de experiencia profesional y especialización acreditable en materia concursal.

La regulación contempla asimismo la posibilidad de que la administración concursal recaiga sobre una persona jurídica que reúna las condiciones correspondientes.

La experiencia general dentro de una profesión jurídica o económica debe acompañarse de conocimientos específicos sobre insolvencia y procedimientos concursales.

El administrador trabaja con masas activas y pasivas, clasificación de créditos, documentación contable, contratos, obligaciones tributarias, posibles acciones judiciales y operaciones de liquidación. Esta variedad explica la importancia de contar con preparación especializada y mantener una formación adecuada a una materia que ha experimentado sucesivas reformas legislativas.

El administrador concursal debe reunir también las condiciones necesarias para actuar con independencia. La legislación establece diferentes incompatibilidades y prohibiciones destinadas a evitar situaciones en las que una relación previa con el deudor, sus administradores o determinados acreedores pueda comprometer la imparcialidad de su actuación.

Entre otros supuestos, existen limitaciones relacionadas con la prestación previa de servicios profesionales al deudor y con determinadas relaciones que puedan generar un conflicto de interés.

Una vez efectuado el nombramiento, el administrador concursal debe cumplir un procedimiento formal de aceptación. La ley establece que, tras recibir la comunicación, el designado dispone de cinco días para comparecer ante el juzgado y aceptar el cargo.

En ese momento debe acreditar que dispone de un seguro de responsabilidad civil o una garantía equivalente suficiente para responder de los posibles daños derivados del ejercicio de sus funciones. También debe facilitar una dirección postal y una dirección electrónica para las comunicaciones relacionadas con el procedimiento y manifestar cualquier posible causa de recusación que concurra.

Cuando el nombramiento recae en una persona jurídica, esta debe identificar a la persona natural que la representará en el ejercicio de las funciones propias de la administración concursal. Tras la aceptación, el Letrado de la Administración de Justicia entrega la correspondiente credencial acreditativa.

Un concurso de acreedores exige reconstruir con precisión la realidad económica de una empresa, cuanto más organizada haya sido la gestión previa, más sencillo resulta disponer de información fiable para afrontar las decisiones que exige una situación de insolvencia.

También es importante reaccionar con suficiente antelación ante los primeros problemas de liquidez. Analizar la situación jurídica y financiera permite valorar las alternativas disponibles y preparar adecuadamente la documentación necesaria antes de que las dificultades aumenten.

En Juraris ayudamos a empresas y profesionales a abordar este tipo de situaciones desde una perspectiva jurídica y empresarial, estudiando cada caso y las posibles vías de actuación dentro del marco concursal. Una preparación adecuada puede marcar una diferencia importante cuando llega el momento de tomar decisiones que afectan al futuro de la empresa.