Qué es la responsabilidad civil y cuándo puede reclamarse

La responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño causado a otra persona, ya sea por una acción, una omisión, una negligencia, un incumplimiento o una conducta que genere perjuicios. En la práctica, puede surgir en situaciones muy distintas: un accidente, un error profesional, daños causados por una empresa, una mala praxis, un perjuicio económico o incluso una actuación de administradores y directivos que afecte a socios, acreedores o terceros.

Su finalidad principal no es castigar, sino compensar a la persona perjudicada. Por eso, cuando existe responsabilidad civil, la consecuencia habitual es una indemnización económica o la reparación del daño ocasionado.

El seguro de responsabilidad civil es una póliza que cubre, dentro de los límites contratados, el riesgo de que el asegurado tenga que indemnizar a un tercero por daños y perjuicios. La Ley de Contrato de Seguro define este seguro como aquel por el que la aseguradora asume el riesgo de que nazca para el asegurado una obligación de indemnizar a un tercero por un hecho previsto en el contrato.

Es decir, si una persona, profesional, autónomo o empresa causa un daño cubierto por la póliza, la aseguradora puede hacerse cargo de la indemnización, de la defensa jurídica o de los gastos derivados de la reclamación, siempre según las condiciones, límites, franquicias y exclusiones del contrato.

La responsabilidad civil sirve para proteger frente a reclamaciones de terceros. Puede ser especialmente importante en actividades profesionales, empresariales o comerciales donde un error, accidente o negligencia puede provocar daños personales, materiales o económicos.

Este tipo de cobertura puede proteger frente a riesgos como lesiones causadas a clientes, daños en bienes ajenos, errores profesionales, reclamaciones por servicios defectuosos, perjuicios económicos derivados de una actuación negligente o daños causados por empleados en el ejercicio de sus funciones.

No obstante, no todas las pólizas cubren lo mismo. Es fundamental revisar el alcance de la cobertura, las exclusiones, los límites de indemnización y si incluye defensa jurídica. La Ley de Contrato de Seguro también prevé que, salvo pacto en contrario, la aseguradora asuma la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado y los gastos de defensa correspondientes.

La base general de la responsabilidad civil extracontractual se encuentra en el artículo 1902 del Código Civil, que establece que quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Además, el artículo 1903 del Código Civil contempla supuestos de responsabilidad por actos de otras personas, como ocurre con determinados daños causados por hijos, personas sometidas a guarda, empleados o dependientes en el ámbito de una empresa o actividad.

Esto significa que una persona o entidad puede responder no solo por sus propios actos, sino también por los daños causados por quienes están bajo su dependencia, dirección o responsabilidad, siempre que concurran los requisitos legales.

La cobertura protege principalmente al asegurado frente a reclamaciones de terceros. También beneficia al perjudicado, ya que aumenta las posibilidades de cobrar la indemnización si existe una aseguradora solvente detrás. De hecho, la Ley de Contrato de Seguro reconoce al perjudicado o a sus herederos acción directa contra la aseguradora para exigir el cumplimiento de la obligación de indemnizar.

Para reclamar una responsabilidad civil es necesario acreditar el daño, la conducta que lo causó, la culpa o negligencia cuando sea exigible, y la relación de causalidad entre ambos. También es importante reunir pruebas: contratos, facturas, informes periciales, fotografías, comunicaciones, testigos o documentación médica.

Lo habitual es comenzar con una reclamación extrajudicial dirigida al responsable o a su aseguradora. Si no hay acuerdo, puede ser necesario acudir a la vía judicial para solicitar la indemnización correspondiente.

En Juraris analizamos cada caso de forma personalizada, estudiando la viabilidad de la reclamación, la cuantía del daño, la existencia de seguro y la mejor estrategia para defender los intereses de nuestro cliente.

Es recomendable acudir a un abogado laboralista cuanto antes si no se entiende la carta de despido, si la empresa no entrega documentación, si la indemnización parece incorrecta, si existen indicios de discriminación o represalia, o si se quiere impugnar el despido.

El plazo general para reclamar contra un despido es de 20 días hábiles, por lo que actuar rápido es fundamental. En Juraris revisamos la carta, calculamos la indemnización, analizamos el derecho a paro y defendemos la mejor estrategia para cada trabajador.